El presente artículo analiza el derecho de los parientes a relacionarse con los hijos y, en concreto, el régimen de estancias y comunicaciones de los abuelos con los nietos. Los abuelos, salvo que sea contrario al interés de los nietos, tienen el derecho a relacionarse con sus nietos. Este derecho está regulado en los artículos 94 y 160 del Código Civil que establecen el derecho de comunicación y visita de los abuelos con sus nietos, que debe ser facilitado por los progenitores y no puede impedirse sin justa causa. Del mismo modo, lo regula el artículo 236-4.2 del Código Civil Catalán. Este derecho también aplica a hermanos y otras personas próximas como parientes o allegados. A nivel internacional, su referencia se encuentra en el artículo 8.1 de la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño.

El artículo 39 de la Constitución Española establece que los poderes públicos han de fomentar la protección integral del menor y la familia y, para la resolución sobre esta cuestión relativa a las estancias y comunicaciones de los abuelos con los nietos, el Juez deberá emitir un juicio prudente y ponderado atendiendo a las particularidades del caso concreto y tendrá como guía fundamental el interés superior del menor.

El Tribunal Supremo ha sentado doctrina sobre esta cuestión y en sus sentencias -entre otras, de 20 de febrero de 2015- establece que la relación de los nietos con sus abuelos es enriquecedora y que tanto los abuelos como los nietos tienen el legítimo derecho a tener un estrecho contacto personal por su especial parentesco, ya que están unidos de forma directa y la relación reviste de un gran afecto. Es más, los abuelos desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia. Por tanto, no es posible impedir o limitar el derecho de los niños al contacto con sus abuelos únicamente por la falta de entendimiento de estos con sus progenitores. La falta de entendimiento no es una justa causa para impedir la relación entre abuelos y nietos, a no ser que haya una prueba concluyente del perjuicio que de ella se derivaría para los menores.

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Susana Rodríguez

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